Juan Yáñez
Serie: QUE LA JUSTICIA SEA IGUAL PARA TODOS
¿Qué sucede con los encargados de administrar justicia en la Argentina ? ¿Acaso se han olvidado que aquellos que juzgaron y condenaron por violar los derechos humanos tienen también los mismos derechos que las víctimas que agraviaron? Nadie posee en su naturaleza la menor atribución para quebrantar los derechos de los demás, ni para disponer su suerte a su antojo y arbitrio. Ya la prensa ha denunciado casos que demandan la intervención inmediata de la Justicia. Recuérdese que es delito de lesa humanidad el infringir los derechos humanos y que las penas que esos delitos acarrean jamás prescriben. Los funcionarios públicos o magistrados de la Nación o los miembros cualquier organismo del estado que sean considerados responsables por comisión u omisión de delitos de esa naturaleza podrán ser juzgados por tribunales de su jurisdicción o por cualquier tribunal de los países que hayan firmado los acuerdos internacionales sobre esa materia. Son normas de alcance universal, perfectamente vigentes y lo suficientemente claras y elementales para que sean comprendidas por cualquier ciudadano.
La justicia es un derecho y un deber. Nadie debe estar por encima de ella y a aquellos a los que se les ha encomendado la tutela y la aplicación de la justicia deben velar por su acato y cumplimiento.
Lamentablemente como siempre sucede, no están todos los que se hicieron merecedores de castigo, encarcelados, ni todos los que están en esa condición culpables.
De malos ciudadanos, de protervos gobiernos, de despotismos y de crueldades siempre estuvo el mundo lleno. Los revanchismos, iniquidades e hipocresías pululan a nuestro alrededor y son una clara muestra de resentimientos, odios y rencores propios de seres incivilizados e ignorantes que se creen poseedores de razón y sensatez. Oportuno es que la justicia sea igual para todos, que el Poder Judicial cumpla con su obligación de establecer las responsabilidades que haya lugar y actúe de acuerdo a la ley y a los derechos constitucionales. J.Y.
El pasado 18 de octubre de 2010, LA NACIÓN de Buenos Aires publicó la nota que a continuación presentamos y que denuncia las arbitrariedades que hicimos mención:
Muertes en prisión
El Poder Judicial debe actuar ante el daño en la salud de los enjuiciados por crímenes llamados de "lesa humanidad" en la cárcel
Sin que haya información oficial, se conoce a través de diversas organizaciones el fallecimiento de 118 personas en situación de privación de su libertad, la mayoría en cárceles comunes y en condiciones extremadamente riesgosas para su salud. Se trata de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad enjuiciados por los llamados delitos de "lesa humanidad", ocurridos en los años setenta en ocasión de la lucha antisubversiva.
La casi totalidad de las personas fallecidas en cautiverio no habían recibido aún condena judicial. Se trata de una estadística única y lamentable, que no tiene precedente en la Justicia. Comprende a personas de edad, casi todos ellos de más de 70 años y la mayoría de más de 80, que han muerto en las cárceles donde fueron alojados sin consideración de su salud y su vida, sin la posibilidad de contar con medicamentos específicos, chequeos médicos y análisis periódicos y, sobre todo, de la rápida accesibilidad a servicios de reanimación o terapia intensiva para el caso de urgencias.
El artículo 18 de la Constitución Nacional
Otros muchos que padecieron prisión murieron poco después de haber sido excarcelados luego de un prolongado encierro que, por las razones ya mencionadas, deterioraron definitivamente su salud. Debieron sufrir daño físico, pero además psicológico, producto del sometimiento a procesos realizados en lugares públicos alquilados al efecto (teatros y hasta una cancha de fútbol), donde los imputados y sus familiares son agredidos e insultados por un público perteneciente a organizaciones que agrupan a militantes ideologizados. Se difunden por televisión escenas donde los imputados son conducidos esposados y trasladados incluso en camilla y con suero, dado su precario estado de salud.
Muchos jueces que tramitan este tipo de procesos han enviado a prisión a personas sabiendo o debiendo saber que, por su edad o estado de salud, no estaban en condiciones de sobrevivir en un establecimiento carcelario en condiciones no aptas. Estas personas son mantenidas en prisión durante largos períodos en estas condiciones, o se les ha revocado la detención domiciliaria que tenían, pese a sufrir discapacidades mentales agudas, como Alzheimer, cáncer avanzado y afecciones cardíacas.
Estos hechos, que se verifican exclusivamente en casos de juzgamiento de delitos llamados de "lesa humanidad", son contrarios a una tradición judicial de decoro y respeto de los derechos humanos en los procesos penales. Significan la lamentable transgresión de diversas normas protectoras de la dignidad humana de alcance constitucional, que la Argentina se ha obligado a garantizar para todos sus ciudadanos.
Las más altas autoridades del Poder Judicial deben actuar de inmediato para poner fin a esta situación, ya que es el mismo artículo 18 de la Carta Magna el que establece que toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar a los detenidos, más allá de lo que la seguridad exija, hará responsable al juez que lo autorice.
La sombría estadística, lamentablemente, no desmiente las denuncias sobre la asimetría, revanchismo y falta de legalidad que pesan sobre esta clase de juicios. Por si algo les faltara, ahora le agregan la muerte.
Material gráfico, agradecimientos a: memoriaspasajeras.blogspot.com diarioelcorresponsal.blogia.com sanjosedehoyworldpress.com creighton.edu
