EL BLOG OPINA
Necesario será para todos aquellos con vocación demócrata, luchar a brazo partido con tanto sinvergüenzas que se han adueñado de países de la región. Un ejemplo palpable son los bandidos Kirchner, ladrones de profesión que comenzaron sus delitos en su provincia patagónica hasta hacerse del poder presidencial para delinquir y así arruinar a una nación. Ejemplos así cunden por toda Latinoamérica donde la plaga de la corrupción se ha enquistado para eternizarse.
HÉCTOR E.
SCHAMIS 25 ABR 2015 - 22:53 CEST
El
término está en las portadas de los periódicos. Describe a la vasta mayoría de
los gobiernos latinoamericanos. Sin duda que el virus en cuestión no es
exclusivo de esta parte del mundo, pero la variedad endémica parecería ser
resistente y estar en fase de propagación. Es materia de la epidemiología, y
también sucede en la salud pública: los gobiernos que niegan la existencia del
mal, al mismo tiempo, se presentan como los campeones de la lucha contra el
mismo; en este caso, la tan maldita corrupción.
El
problema no son solo las actividades criminales, que no son escasas, sino
también la reproducción de conductas que ni siquiera se consideran ilegítimas,
mucho menos delictivas. Es que, además de afectar el uso de los recursos
públicos, esta epidemia ha modificado el marco cognitivo de la elite política
latinoamericana. La noción de conflicto de interés, por ejemplo, les es ajena,
tanto como la de tráfico de influencias. La corrupción se ha naturalizado, y la
línea que separa la legalidad de la ilegalidad se ha hecho flexible y porosa.
Quienes ocupan las alturas del poder se han eximido a sí mismos de la terrenal
obligación de rendir cuentas, de responder por los actos de gobierno. Con el
contagio se ha generalizado la impunidad.
Los
gobiernos que niegan la existencia del mal, al mismo tiempo se presentan como
los campeones de la lucha contra el mismo; en este caso, la tan maldita
corrupción
En
Venezuela, las cuentas de funcionarios en bancos de Suiza y de Andorra, y las
cifras de las mismas, son leyenda. Representan varios puntos del producto
interno. Cualquier denuncia al respecto es traducida por el aparato oficial de
propaganda como una conspiración desestabilizadora. Por una vez tienen razón:
la información pública sobre corrupción a veces puede generar inestabilidad
política.
En
Argentina, el oficialismo y sus testaferros acumulan decenas de denuncias por
cuentas sin justificación, lavado y negocios ilegales diversos. El rechazo del
gobierno a esas acusaciones es sistemático, como también lo es, año tras año,
el aumento patrimonial que se ve en las propias declaraciones de impuestos de
sus más encumbrados funcionarios. La disonancia legal es producto de la
disonancia cognitiva, precisamente, la que se deriva del hecho que todos ellos
se han enriquecido siendo funcionarios públicos. Difícil de explicar, pero
ninguno se ruboriza.
La
corrupción se ha naturalizado, y la línea que separa la legalidad de la
ilegalidad se ha hecho flexible y porosa
En
México, el gobierno ha castigado por corrupción a más de cien funcionarios en
los últimos dos años con multas de más de 22 millones de dólares. Benigna la
pena, multa en vez de cárcel, no obstante, nadie pagó un dólar. Ello subraya un
problema más de fondo. Es difícil que un gobierno corrupto imponga sanciones
por corrupción y que las mismas se cumplan. El presidente combate a la
corrupción en su discurso mientras su esposa y su Secretario de Hacienda tratan
de explicar la compra de sus casas a un favorecido contratista del gobierno,
quien también les otorgó la hipoteca.
En
Brasil, el caso Petrobras revela la profundidad de la corrupción dentro del
aparato del Estado y del partido de gobierno. La información habla de pérdidas
por 2.000 millones de dólares solo por corrupción y describe un institucionalizado
sistema de dineros mal habidos, diseñado para concluir en las arcas del PT. El
círculo completo, esos dineros se usaron para financiar campañas electorales y
comprar votos de diputados en el Congreso, el caso Mensalão. Así se construyó una
aceitada maquinaria financiera para la perpetuación en el poder.
Fuera del
poder, los riesgos son demasiado altos para los líderes del partido de la
corrupción
Hasta
Chile, cuya elite política pensaba estar inmunizada contra la corrupción y
otras enfermedades tropicales de la región, parece haberse contagiado. Al
financiamiento irregular de los partidos y sus dirigentes, debe agregarse el
escándalo que involucró a la nuera de la propia Presidente. Su relación con la
entonces Presidente electa le permitió acceder a información privilegiada sobre
inminentes cambios en la regulación del uso del suelo y a un crédito bancario
para una firma sin trayectoria ni colateral. El negocio especulativo de
compraventa de tierras le reportó una utilidad de más de 3 millones de dólares.
En su primera reacción, Bachelet tuvo la poca fortuna de considerarlo un
negocio entre privados, lo cual afectó severamente su índice de aprobación.
Curiosamente,
en la academia, una primera generación de estudios minimizaba el problema de la
corrupción, considerándola un mecanismo benigno que servía para modernizar la
burocracia, una esencial tarea de construcción estatal siempre inconclusa en el
mundo en desarrollo. Una segunda generación, sin embargo, destacó las pérdidas
de eficiencia en sociedades con alta corrupción, postergando el desarrollo
económico y social, y además creando, en el largo plazo, una dinámica
especialmente tóxica para el capital social y la credibilidad de las
instituciones democráticas.
América
Latina se halla en este último escenario, pero también necesita una tercera
generación de estudios. Ella deberá dar cuenta de la constitución de un nuevo
tipo de régimen político, en el que la corrupción es, justamente, el componente
central de la dominación. En países donde los partidos políticos se han
debilitado y fragmentado, además de haber perdido la confianza de la sociedad,
la corrupción los está reemplazando. La corrupción cumple las funciones básicas
de la política: seleccionar dirigentes, organizar la competencia electoral y
ejercer la representación—¡y el esencial control!—territorial. Esta es la nueva
forma de la política en la postdemocracia.
Claro que
este nuevo régimen es de partido único, ya que se basa en la perpetuación. Ello
no es por ideología sino por supervivencia. Fuera del poder, los riesgos son
demasiado altos para los líderes del partido de la corrupción. Hasta ahora, los
recursos y la retórica les han funcionado y siguen en el poder, pero ello no
será eterno. Entonces, el gran desafío de América Latina será quitarle la
política a la corrupción para poder reconstruir la democracia.
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